ORGANIZACIONES PRO-FORO EN DEFENSA DE LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS.
LA POLITICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO ARGENTINO
En la Argentina la aplicación de las políticas neoconservadoras de ajuste ha aumentado la polarización de la sociedad y ha agudizado la desigualdad y la injusticia social; se excluye a importantes sectores de la población de la economía, de la salud, de la participación política. La educación no escapa a esta realidad.
La política educativa del gobierno argentino, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales de asistencia técnica y financiera (en especial, del Banco Mundial) impulsa una reforma educativa que propicia la desarticulación del sistema educativo nacional, la privatización de importantes segmentos del mismo, desentendiéndose de su responsabilidad en la prestación de los servicios educativos y en el financiamiento de los mismos.
El Estado Nacional transfirió en 1992 todos los establecimientos educativos a los estados provinciales, sin garantizar su financiamiento adecuado. La crítica situación económica que atraviesan una gran parte de las provincias de nuestro país ha provocado que la mayoría de ellas no puedan garantizar el normal desenvolvimiento del la prestación de los servicios. La consecuencia de este proceso es el ajuste de la estructura de los sistemas educativos rovinciales: cierres de grados, aumento del número de alumnos por docente, aulas superpobladas, problemas edilicios graves, falta de material didáctico, atraso en el pago a los trabajadores de la educación, reducciones y quitas salariales, etc.
El gobierno nacional impulsa, asimismo, una reforma educativa que es la contracara del ajuste económico. Esta reforma educativa tiene como bases una modificación de la estructura del sistema educativo, que la lleva de la tradicional división en siete años de educación primaria y cinco años de educación secundaria, a una estructura que contempla nueve años de educación general básica y tres años de educación polimodal; y un proceso de reforma curricular, puesto en marcha a través de la generación de contenidos básicos comunes para los distintos niveles del sistema educativo.
Esta realidad llevó a un muy fuerte conflicto y debate en torno al tema educativo.
El ciclo lectivo 1997 comenzó con conflictos gremiales en seis provincias. En tres de ellas (Neuquén, San Juan y Río Negro), el conflicto se profundizó, interrumpiéndose en forma indefinida el dictado de las clases. El 24 de marzo la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que es la mayor organización gremial docente del país -agrupa más de 200.000 trabajadores de la educación-, realizó un paro nacional en contra de la política educativa del gobierno. Asimismo, esta organización gremial decidió implementar un ayuno de maestros y profesores de todo el país, frente al Congreso Nacional, en solidaridad con los trabajadores de la educación que permanecían en conflicto y en apoyo a la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo, destinado al pago de atrasos salariales, restituir quitas producidas a los mismos y garantizar la obtención de un piso mínimo de salario a nivel nacional. El salario promedio de un maestro de enseñanza primaria es de U$ 300.
El ayuno comenzó el 2 de abril y a la fecha se mantiene.
Los conflictos en la provincias continuaron. Los docentes neuquinos fueron salvajemente reprimidos, ante lo que CTERA convocó a un segundo paro nacional, en repudio a la represión, que tuvo un alto acatamiento, para el 31 de marzo. Sin embargo, el gobierno continuó brindando como respuesta la represión, y en ese marco fue asesinada una trabajadora de Cutral Co (Neuquén) por fuerzas policiales. La CTERA convocó a un nuevo paro docente, en repudio a este asesinato, que contó con el respaldo de la Multisectorial (partidos políticos opositores, sindicatos, organismos de derechos humanos, etc.). El paro fue muy importante y hubo una marcha de 40.000 personas que se movilizaron a Plaza de Mayo.
El ayuno docente continuó y fue recogiendo una creciente solidaridad de parte del grueso de la sociedad argentina. Este proceso de lucha fue generando un profundo debate en la sociedad sobre la problemática educativa, con participación de los medios de comunicación y de vastos sectores sociales.
El apoyo a la posición de defensa de la educación pública sustentada por CTERA y numerosas organizaciones se expreso el 20 de junio se realizó un nuevo paro docente, que tuvo un cien por ciento de acatamiento, no sólo en las escuelas estatales sino también en la privadas. Paralelamente, se realizó una Marcha educativa nacional de la que participaron más de 70.000 personas.
LA SITUACION DE LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
El principal problema de la educación de jóvenes y adultos en nuestro país se refiere a la terminalidad de los estudios primarios. Los últimos datos censales revelan las siguientes cifras significativas: en la población de 15 años y más que hoy ya no asiste a la escuela, el 59,6 % sólo alcanzó el nivel primario de educación; pero de ellos aproximadamente la mitad no completaron este nivel escolar: alrededor de cuatro millones de personas.
También constituye un problema importante el del analfabetismo. Si bien el analfabetismo absoluto en nuestro país alcanza cifras bajas -alrededor de 3 %-, si se lo compara según estándares internacionales, si a esta cifra le sumamos los analfabetos funcionales, aumenta significativamente.
Otro 29 % de la población llegó al secundario, pero de ellos, más del 50 % abandonó entre el primero y el segundo año. En este punto hay que señalar que hay una creciente demanda de jóvenes que fracasan en la escuela media a las escuelas secundarias de adultos. En definitiva, cerca del 75 % de la Población Económicamente Activa no posee la formación educativa que hoy se estima necesaria para la inserción laboral y cívica. Estas realidad se agudiza según clase social y regiones del país: la no terminalidad de la enseñanza primaria para los hijos de la clase obrera rural alcanzan cifras cercanas al 70 %.
¿Qué ocurre, entretanto, con los docentes?
Los trabajadores de la educación deben enfrentar una multiplicidad de problemas cotidianos, en un marco de precarización de las condiciones laborales y salariales, de desvalorización social del rol del educador, de ejercicio de una multifunción en detrimento de su rol específico que los coloca en una situación de creciente indefensión y de parálisis para la respuesta.
Paralelamente, deben responder a la exigencia de reformas en pos de la “calidad educativa”. Todo esto genera un cuadro de confusión e incertidumbre ante las condiciones en que se implementa la “transformación educativa”: dudas acerca del lugar que ocupará la EDJA en la nueva estructura, interrogantes acerca de la existencia o no de Contenidos Básicos Comunes para la modalidad, omisión de una capacitación específica, etc.
Respecto de la formación, existen escasas ofertas para la capacitación específica de los educadores de jóvenes y adultos. Para Educación Básica, sólo en algunas provincias hay instancias de especialización en los Institutos Superiores y Universidades o carreras específicas para la modalidad. Para el Nivel Medio, a la formación referida a la asignatura correspondiente se suman algunos cursos vinculados al trabajo con adultos.
LA POLITICA DEL GOBIERNO ARGENTINO EN EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
La política nacional referida a la Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA) no se diferencia de lo señalado hasta aquí, ya que forma parte del sistema legal y político acorde a este modelo socio-económico hegemónico.
La EDJA no es prioridad en la actual reforma educativa; el gobierno nacional y también los gobiernos provinciales se han desentendido de esta modalidad educativa, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales de asistencia técnica y financiera (en especial, del Banco Mundial).
La oferta formal de EDJA se ha desarticulado y abandonado progresivamente. Primero, al eliminarse la responsabilidad del Estado nacional en la prestación del servicio a través de la implementación de la Ley de Transferencia a las jurisdicciones (1992); luego, al deteriorarse la prestación, particularmente en las jurisdicciones con mayores dificultades económicas; por último, al cesar los proyectos del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación para la EDJA. Este desentendimiento terminó de concretarse cuando en 1993 se suprimió la Dirección Nacional de Educación del Adulto (DINEA), sin que la reemplazara ningún otro organismo de carácter nacional.
La Ley Federal de Educación (1993) reduce la EDJA y desdibuja su especificidad al mencionarla en muy breves párrafos bajo el rubro de “Regímenes Especiales”, junto a Educación Especial y Educación Artística. Aún no se han tratado los problemas organizativos o curriculares de la EDJA. No hay políticas generalizadas de formación docente específica; así como tampoco se han instrumentado instancias de coordinación para esta modalidad.
En varias provincias se han eliminado las Direcciones de Adultos y se desmantelan los servicios, por otro lado se prevé, como consecuencia de la pobreza creciente y de la implementación de la Ley Federal de Educación, un aumento de niños desertores del sistema escolar que son, potencialmente, futuros alumnos de las escuelas de adultos.
En cuanto a la educación no formal para jóvenes y adultos hay una atomización de la oferta y priman las que dan una formación fragmentaria, pragmática, para el corto plazo y que no favorece la reinserción laboral o educacional. En capacitación laboral aparece una oferta segmentada, sin planificación central, de cursos originados en empresas, en proyectos de los ministerios de Economía y de Trabajo, en organizaciones no gubernamentales, en entidades intermedias. En los mismos hay un marcado predominio de la lógica empresarial; prima la actividad privada y rigen las leyes de la demanda y la oferta frente a la ausencia del Estado en su función reguladora.
Existen también en el país alrededor de doscientas ONG’S, algunas de las cuales brindan servicios de capacitación, asesoramiento y promoción social destinado a sectores populares, con diferentes grados de articulación con el sistema estatal. Pero más allá del aporte específico que realizan, estas experiencias no tienen la capacidad para cubrir la demanda potencial de la EDJA.
LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL
Frente a la gravedad del diagnóstico presentado y a la insuficiencia de las respuestas de las autoridades nacionales, se ha tornado urgente implementar acciones que hagan frente a la situación que hoy atraviesa la EDJA. Por ello, un conjunto de instituciones, entre las que se cuentan sindicatos docentes, cátedras universitarias dedicadas a la EDJA, ONG’S dedicadas a la Educación Popular; organizaciones estudiantiles; representantes de partidos políticos, organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones de educadores, hemos comenzado hace algunos años un proceso de síntesis de nuestras experiencias, como parte de una labor de articulación.
Este proceso tuvo el año pasado un punto significativo con la realización de un Encuentro Nacional “En Defensa de la Educación de Jóvenes y Adultos” realizado en la ciudad de Buenos Aires, los días 20 y 21 de septiembre de 1996. En dicho encuentro se elaboró el único aporte que la Argentina realizó a la Conferencia preparatoria regional, organizada por la UNESCO y el CEAAL, que se llevó a cabo en Brasilia en el mes de noviembre de 1996, ya que el gobierno argentino no envió ningún documento.
Este año hemos avanzado en la tarea y nos proponemos la creación de un Foro en Defensa de la Educación de Jóvenes y Adultos, una instancia de articulación multisectorial que agrupe a todas estas organizaciones. La acción que desarrollará este Foro se inscribe en el marco de la defensa de la escuela pública. El mismo será un ámbito a partir del cual se sentarán posiciones político-pedagógicas sobre la EDJA: diagnósticos e investigaciones sobre el estado actual del sector, difusión de sus problemas principales, propuestas de capacitación, etc.
Esta tarea tiene por objetivos el logro de una educación que se desarrolle sobre bases democráticas y populares; una educación con un profundo compromiso con los sectores populares, con la clase trabajadora, con los excluidos y marginados del sistema. Una educación que transforme la exclusión en inclusión, que profundice la democracia y la participación.
Este es nuestro compromiso y nuestro desafío.
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